Por Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Geógrafo 

A tenor de los hechos y procesos constatados, pareciese que no son suficientemente reconocidos los valores de la Vega de Granada ni por el conjunto de la ciudadanía –tal vez sea precisos más esfuerzos de difusión y pedagogía– ni por las Administraciones; no, al menos, todo lo necesario en aras a la sostenibilidad medioambiental, a la eficiencia del sistema, a la calidad de vida, a la garantía en el mantenimiento de lugares y vistas irremplazables, etc., que una buena parte de la sociedad reclama junto a la demanda de soluciones a las pequeñas y grandes complicaciones para la vida cotidiana que conlleva habitar en una ciudad discontinua y con severas dificultades para moverse de modo fluido entre sus piezas urbanas e industriales, sus centros de trabajo y residencia, sus centros sanitarios, educativos, comerciales, de ocio, etc.. y sus viviendas; o donde la cultura y hábitos de carácter mediterráneo, así como el excesivo peso de las iniciativas particulares inconexas en la organización territorial,  no resuelven satisfactoriamente un modelo de asentamiento casi rururbano, pues no cumple adecuadamente con las premisas de este modelo (de inspiración anglosajona y en gran medida ajeno a una cultura mediterránea de concentración poblacional en pueblos y ciudades) a causa del subequipamiento crónico, déficit viario y de transporte público, escasa calidad urbanística de innumerables zonas residenciales, entornos ambiental y paisajístico dañados, etc., hechos que son presentes, a veces de modo sangrante, en la Vega de Granada y entorno próximo. Así las cosas, es precisa una intervención pública decidida que canalice soluciones a esas deficiencias, que han de recoger la sensibilidad y necesidad social al respecto con una participación ciudadana real y efectiva, bien asesorada por profesionales en estas materias y bien interpretada por los representantes políticos.

El POTAUG, que ya cumple diez años de vigencia, hizo un ajustado diagnóstico de los problemas y planteó algunas soluciones relativas a la habitabilidad de la aglomeración urbana y al mantenimiento de ciertos valores, siendo el espacio de vega uno de los que recibió mayor atención. La revisión del Plan, que se iniciará en los próximos días, parece prometer una apuesta por la conservación de la vega, por una agricultura más sostenible y rentable, y por una adecuada integración de los proyectos y actuaciones que se desarrollen sobre este espacio, como el Parque del Milenio (pág. 2 y 3 de IDEAL del lunes 20 de julio de 2009). A su vez, han de buscarse soluciones adecuadas –bajo premisas de sostenibilidad ambiental y ordenación territorial– para las tensiones urbanísticas de los núcleos asentados en la zona irrigada y para determinados proyectos de importancia estratégica, que requieren ampliación, especialmente el Parque Tecnológico de la Salud. Pero asimismo han de satisfacerse otras muchas necesidades y demandas sociales, así como requerimientos ambientales (producción de alimentos, generación de oxigeno, mejora microclimática, provisión de rentas exclusivas o complementarias, expansión lúdica y deportiva,  disfrute paisajístico, marco de acogida de registros históricos significativos, espacio complementario ineludible del patrimonio arquitectónico comarcal, con máxima expresión en La Alhambra, etc.) del modo menos lesivo y mejor integrado posibles para este espacio singular, del que no somos más que herederos moralmente obligados a gestionar de forma racional y cautelosa; por tanto, que “las dos realidades territoriales obligadas a coexistir” (la aglomeración metropolitana y el espacio agrícola de vega) lo hagan de modo satisfactorio es una asunto nada trivial, puesto que se ponen en juego muchas expectativas, desde las económicas hasta las relativas a la calidad de vida de los ciudadanos.  

Por Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Geógrafo 

En la sumaria relación de hechos anteriormente expuesta, cabe enmarcar el caso de la aglomeración metropolitana granadina, aunque sea parcialmente, no sólo en cuanto a su situación socio-económica, sino en cuanto a su raigambre: sin ser ajena a la cultura europeo-occidental, mantiene rasgos netamente mediterráneos. En esa hibridación se presenta, por un lado, la participación democrática en las decisiones sobre el territorio que afectan a la colectividad, a través de diversos procedimientos y/o instrumentos, como los de planificación urbanística y territorial, así como intervención decisiva de los poderes públicos en asuntos relativos a dotación de equipamientos e infraestructuras,  servicios diversos (sanidad, educación,  transporte colectivo), medio ambiente, etc.; por otro lado, su poso cultural orientado al buen vivir de resabios dionisíacos, donde a menudo prevalece el culto a la privacidad junto a la dejación de responsabilidades en la construcción del espacio vivido, que el ciudadano pone en manos de representantes políticos y de técnicos en la materia sin ejercer apenas el derecho de participación, a la vez que se digiere con poco criterio todo tipo de influencia externa o ajena a la cultura vernácula, que se traduce en un innumerable elenco de despropósitos urbanísticos y constructivos, que han desvirtuado profundamente el paisaje urbano y periurbano. A todo ello habría que añadir la frecuente relativa escasez de recursos económicos, cuando no su ineficaz gestión, que afecta a muchos de los agentes territoriales, tanto privados como públicos, lo que supone con frecuencia improvisación en las decisiones, postergación sine die de problemas, excesiva perentoriedad en las soluciones y, en el caso específico de la intervención pública, desajuste entre demandas y ofertas sociales, siendo frecuente el déficit de infraestructuras y equipamientos.

Pero a todos estos y otros procesos generales, aplicables en mayor o menor medida al caso específico de la aglomeración metropolitana de Granada y, más concretamente, la implantación de gran parte de la misma sobre el espacio de regadío, hay que añadir sus propias, y en gran medida irrepetibles, circunstancias y peculiaridades, que permiten poner de manifiesto que los despropósitos producidos en su proceso de expansión urbana tienen una repercusión excesiva para el verdadero alcance de su crecimiento demográfico y desarrollo económico. Ello es palpable al revelar la severa incidencia de la expansión urbanística sobre un espacio especialmente sensible cultural, medioambiental y paisajísticamente, como es el de la Vega de Granada. Resulta innegable su rico acervo histórico y cultural desde, al menos, la ocupación romana, que alcanza su máximo esplendor en el período nazarí bajo ocupación andalusí, así como otro momento señero a finales del siglo XIX y primer tercio del XX con el significativo proceso de agro–industrialización (red de tranvías, fábricas azucareras, remodelación urbana, etc.), que han dotado este espacio de entramados característicos muy significativos: profusas redes de caminos y de acequias, parcelación diferenciada por períodos y ciclos, presencia de abundantes construcciones vinculadas a la producción agraria (cortijos y alquerías, molinos y secaderos de tabaco, fábricas azucareras), conservación de ribazos y sotos, etc., todo ello orgánicamente distribuido sobre unas fértiles tierras gracias a un multisecular proceso de formación de suelos (entarquinamientos, irrigación, etc.) por parte de numerosas generaciones de agricultores. En definitiva, un paisaje llamativo, rico en matices y, hasta hace pocos lustros, constitutivo de una perfecta síntesis entre el medio y la cultura, entre la naturaleza y la acción humana multisecular.

Por Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Geógrafo 

En el espacio de la Vega de Granada –que no es, o no debe ser, un mero espacio físico– el volumen poblacional alcanzado por su sistema de asentamientos y los nuevos modelos de vida no son las únicas variables determinantes de los recientes problemas de configuración, funcionalidad, productividad, sostenibilidad ambiental, imagen paisajística y otros aspectos sensibles del territorio, sino sobre todo el hecho de superponerse, coexistiendo con desiguales oportunidades de implantación y expansión, diversos sistemas de ocupación con sus respectivas necesidades de espacio físico, sus divergentes requerimientos en recursos humanos y naturales, sus distintos mecanismos de funcionamiento y unos procesos productivos que llegan a ser, en casos, incluso antagónicos. El más dinámico de tales sistemas es, sin duda, el urbano-industrial, que ha adquirido carácter metropolitano y que se expande en gran parte por la Vega; de ahí la obligada coexistencia, en  el mejor de los casos, puesto que hasta ahora todos los síntomas son los de un espacio agrario notablemente sometido a las necesidades del espacio urbano.

Podría argumentarse que la expansión urbana y uno de sus corolarios importantes, el despoblamiento rural, es un proceso mundializado (al menos del mundo industrializado) y de carácter progresivo; pero, a su vez, también cabe argumentar que sobre todo en los países desarrollados socio–culturalmente esos procesos territoriales se organizan de forma armónica, que redunda en un sistema urbano equilibrado y funcional y en unos entornos donde se diluye progresiva y suavemente aquel en beneficio del espacio rural y del equilibrio interterritorial –objetivo éste fundamental en una verdadera ordenación del territorio–. En cambio, en los ámbitos geográficos caracterizados por fuertes relaciones de dependencia cultural y económica de las periferias respecto a los centros de decisión, o donde no ha habido tiempo material para asumir controladamente los cambios introducidos por la revolución post–industrial, o donde determinados grupos de poder fáctico han ejercido una influencia determinante e incontrarrestada por los poderes públicos en los procesos territoriales acaecidos, entre otros mecanismos causales, suelen producirse efectos igualmente sintomáticos, como economías duales, tensiones entre lo urbano y lo rural, procesos de acrecencia urbana espasmódicos y desvertebrados, deficiencias de infraestructuras y equipamientos, generación de vastos espacios marginales, bolsas de pobreza y un sinnúmero de problemas sociales, de organización, de movilidad cotidiana, de abastecimiento energético, de eliminación de desechos, de deterioros paisajísticos y medioambientales, etc., que ponen en serias dificultades la habitabilidad e, incluso, la propia viabilidad del sistema a mayor o menor plazo.