• ¿Qué es la construcción sostenible?

La construcción sostenible es la construcción realizada con el fin de ahorrar energía, agua y recursos. Limitando la contaminación tanto en el interior como en el exterior.

La construcción se realiza partiendo de materiales reciclados para reducir el consumo de energía en la construcción, buscando que los materiales usados provengan de recursos cercanos disminuyendo el gasto de energía en transporte…. y  aprovechando los recursos naturales: la energía solar, eólica, el agua de lluvia…

Por tanto la idea es conseguir una arquitectura que tenga en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir confort térmico de los espacios para la vida y el desarrollo del hombre, así como un mayor ahorro de energía en el día a día.

• Programa de impulso a la construcción sostenible:

Con la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2014, de 18 de marzo, desde el 1 de abril de 2014 la Junta de Andalucía impulsa la construcción y la rehabilitación sostenible con el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Este programa está dirigido a incentivar económicamente a ciudadanos, empresas y entidades que promuevan la realización de inversiones para el ahorro y eficiencia energética y el uso de energías renovables, contribuyendo así al impulso que se busca dar a la construcción y rehabilitación sostenible en la comunidad y su tejido empresarial asociado.

• Finalidad y objetivos:

 El objetivo más importante que se busca en contribuir con el medioambiente, usando energías más limpias os simplemente creando construcciones que limiten el uso de las distintas energías.

 Por tanto los objetivos principales son: Contribuir con el cuidado del medioambiente, conseguir un mayor ahorro y eficiencia energética en los hogares y reactivar la economía creando distintos puestos de trabajos en el sector de la construcción.

• Beneficiarios de esta ley: 

Personas físicas y jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica, quedando, en general, excluidos los organismos o entidades públicas que tengan la consideración de poder adjudicador.

•  Principales actuaciones: 

Las actuaciones objeto de incentivo se agrupan bajo dos modalidades:

Obras de adecuación energética de edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o condiciones de iluminación natural.

Dotación de instalaciones energéticamente eficientes, que permiten el ahorro de energía en la generación, distribución y uso de la energía, así como el aprovechamiento de energías renovables.

• Acceso a los incentivos: 

El acceso a los incentivos siempre se realiza a través de la empresa proveedora del bien o servicio objeto del incentivo, que actúa como empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía en la gestión y tramitación de los incentivos.

Finalmente siguiendo este enlace se puede ampliar la información del Decreto Ley: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/empresas-colaboradoras-al-programa-de-impulso-la-construccion-sostenible

Czestochowa Martín Gómez, Arquitecta Técnica de GRarquitectos

Estupendo este artículo de opinión que hemos encontrado en la prensa, sobre un tema de gran actualidad y desde la visión técnica del proceso: Las perversiones del sistema de contratación y ejecución de obra pública a través de la actual Ley de Contratos, con la inestimable colaboración de los agentes implicados:

LOS ARQUITECTOS DENUNCIAMOS

Los arquitectos llevamos años denunciando el sistema de contratación de obras contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este sistema perverso nos pone ahora en el punto de mira de medios nacionales e internacionales.

Pocos pueden opinar con rigor y criterio sobre qué hay detrás del tema de Panamá y de muchos otros. Desconocemos la letra pequeña y lo que subyace en la trastienda de las grandes contrataciones y proyectos. Pero no nos cabe duda de que se manejan multitud de factores, algunos oscuros, y en la mayoría de los casos (cuando las cosas se tuercen) todos los españoles acabamos pagando los platos rotos. No participamos en las decisiones, pero a la postre todos somos responsables solidarios y nos toca hacer frente a los incrementos de coste y la dilación en plazos.

Voy a centrar esta reflexión en las obras de arquitectura de la Administración y concretamente en el porqué del incremento de costes.

Según la Ley de Contratos, cuando se convoca un concurso de arquitectura se valoran fundamentalmente dos cuestiones. Los aspectos técnicos y la oferta económica de honorarios. Sucede que, casi siempre, el aspecto económico tiene mucho mayor peso que la calidad del proyecto. Como si se tratara de comprar taburetes, cosa absurda cuando los honorarios del arquitecto no llegan al 1% del valor del edificio. Las intervenciones de las Administraciones (nacional, autonómica y local) quieren el mejor precio, aunque no sea la mejor solución ni el mejor proyecto. Una cifra es un criterio objetivo lícito, pero miope y cortoplacista porque los ciudadanos merecemos que se valore la calidad de la propuesta. Las obras trascienden a quienes en ella intervinieron. Como dijo Octavio Paz, “la Arquitectura es el testigo más insobornable de la Historia”.

Una vez contratado el proyecto se licita la obra. Otra vez entramos en un sistema de adjudicación perverso cuyas consecuencias son más graves para la sociedad. Cuando el arquitecto redacta un proyecto sabe lo que cuesta construirlo, valoramos las partidas a ejecutar y redactamos un presupuesto. Adjudicar una obra a una oferta que está por debajo, o muy por debajo, del presupuesto implica un problema seguro. Todos los agentes que intervenimos en el proceso lo sabemos. Es un juego que se ha convertido en práctica habitual y ya es hora de que se denuncie alto y claro por la sociedad y forcemos a los legisladores a tomar medidas que frenen estos abusos.

Antes existía el criterio de adjudicación a la media ponderada de las ofertas y no se adjudicaba a la baja temeraria por los evidentes riesgos que ello conlleva. Actualmente se acepta la baja temeraria siempre que vaya justificada y, sorprendentemente, se justifican increíblemente bien.

Con la crisis se acentúa la necesidad de adjudicación de muchas empresas y llegan a presentar unas bajas inadmisibles, hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad sabiendo que prima la oferta económica. Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero confían en “arreglarlo” después a base de modificados.

No digo que no haya imprevistos razonables en muchas obras. Los estudios geotécnicos, por ejemplo, pueden ser erróneos, no por defectuosos, sino porque se hacen con tanteos extrapolados a toda la superficie de la obra. Pero una cosa son los modificados presupuestarios originados por un imprevisto justificado y otra la práctica habitual de “hagamos la gran baja que ya compensaremos presionando con los modificados”.

Entonces se empieza una obra que para los técnicos responsables de la dirección facultativa es a menudo un calvario. Si el proyecto está bien redactado el arquitecto tiene dos opciones: ser inflexible con lo establecido para paralizar la obra cuando tiene pérdidas, y la abandona, o ser flexible para poder llevarla a buen fin.

Paralizar una obra supone un gran trastorno. Liquidar lo realizado y volver a sacar a concurso lo restante, exponiéndose a otra adjudicación a la baja (las herramientas de contratación son las mismas). ¿Quién sufre los plazos? Los ciudadanos.

Para llevar a buen puerto la obra con el menor daño posible el arquitecto busca soluciones más económicas a costa de grandes enfrentamientos con la contrata y con el cliente. Hace de mediador en un conflicto que todos veían venir. A esto se le añade otro problema frecuente y es que, si cambian los políticos que encargaron la obra, se cambia el proyecto con lo que los modificados están garantizados. Ya tenemos la excusa para recuperar las pérdidas derivadas de la contratación a la baja. ¿Quién lo paga? Otra vez los ciudadanos, los contribuyentes.

¿Qué consecuencias tiene este sistema perverso de contratación? Que no interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la dirección de obra responsable porque no dejan margen para fullerías. Se está favoreciendo la mediocridad y el ejercicio profesional imperfecto porque a peor proyecto, mayores modificados, mayores beneficios por la puerta de atrás, mayor número de amigos satisfechos, mayores comisiones y en definitiva mayores lucros para unos pocos en contra del bien de la mayoría de los españoles.

Así ni se hace marca España ni seremos nunca un país serio.

Paloma Sobrini fue decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Pincha aquí para acceder al artículo original: “Los arquitectos denunciamos”

Desde la aparición del primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes, (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), la polémica no ha ido más que creciendo a medida que los sucesivos textos proponían nuevas modificaciones de la legislación vigente.

En una época gris en la que los recortes, las nuevas leyes o las  modificaciones de las existentes y casi cualquier cosa se justifican con el pobre argumento del que “no hay más remedio”, o «hay que hacerlo mas rentable o aumentar los rendimientos» ,  parece que le viene tocando el turno a nuestro campo.

De este modo, en los últimos meses, tanto en la prensa como en las redes sociales, se han destacado propuestas que hacen temer por los ciertos éxitos que las leyes y planes de protección de ámbitos o recursos naturales han conseguido desde hace relativamente poco tiempo.

Leíamos, por ejemplo, que se proponía en el artículo 50, contemplar la posibilidad de reclasificación de los montes arrasados por el fuego. “Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente el cual deberá ser apreciado mediante ley, siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso”. De sobra conocemos como se ha aplicado en este país el concepto de “excepcionalidad” en las disposiciones, con usándolo con total arbitrariedad o convirtiéndolo en norma.

El ultimo “ataque”  ha puesto de pie de guerra a cazadores y el resto de usuarios que utilizan el monte como alternativa de ocio (senderistas, ciclistas, seteros…), al dar prioridad de uso a los primeros cuando estén organizadas batidas de caza. En otras palabras, cuando esté programada una cacería en un determinado monte tendrán exclusividad los cazadores. El argumento utilizado es el de la seguridad, pretendiendo de este modo evitar accidentes.

Ante la intención del Gobierno de prohibir a senderistas, ciclistas y buscadores de setas transitar por caminos públicos cuando se celebren cacerías, el colectivo Senderismo por España ha iniciado una campaña que consiste en una recogida de firmas a través de la web  Change.org, ante la posibilidad real de que se de prioridad a las actividades cinegéticas en los montes públicos frente a otras formas de ocio.

La petición, que podéis firmar en el siguiente enlace, dice asi:

MINISTRO DE ALIMENTACIÓN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: NO PROHIBA A SENDERISTAS Y CICLISTAS LA CIRCULACIÓN POR CAMINOS PÚBLICOS

El monte y la naturaleza es de todos los ciudadanos, es un derecho universal el disfrute de la misma y así también está amparado en la Constitución en su articulo 45.

Por ese motivo, los senderistas, ciclistas y demás deportistas que hacemos uso correcto de los caminos públicos con nuestras actividades, no queremos que se apruebe la futura Ley de Montes en las que se presume, podrán coartar esa libertad. No queremos que los cazadores utilicen el monte como algo exclusivo y nos prohiban el paso por caminos públicos. Queremos que se respete la ley actual y que se puedan compatibilizar las distintas actividades. 

Somos muchos los que hemos vivido situaciones desagradables o simplemente nos hemos tenido que ir a otro lugar, después de caminar varios kilometros porque había una actividad cinegética. Muchas de ellas sin señalizar.

Sr Ministro le pedimos que cumpla la Constitución. Tenga en cuenta la actividad de millones de españoles que salen de excursión al campo a caminar, correr, montar en bici etc…  El argumento de la seguridad no nos convence. Al menos no debería ser excluyente para privarnos de nuestro derecho a disfrutar de la naturaleza y al tránsito por esos caminos públicos.

Por todo ello, reiteramos nuestra total oposición ante cualquier intento de privarnos de nuestro derecho al disfrute de la naturaleza como reza el artículo 45 de la Constitución, en sus puntos 1 y 2. Entendemos que por el contrario deben fomentarse estas actividades por ecológicas, sociales, garantizando el derecho de todos a disfrutar del medio ambiente, y por estas razones les pedimos que retire del borrador ese concepto de prohibir el paso cuando se produce una montería o batida.

El reciéntemente aprobado Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, por el que se modifica la Ley 22/1988 de Costas, ha sido motivo de una fuerte controversia entre partidarios y detractores de distinta profundidad técnica.

Una de las instituciones más autorizadas pronunciadas al respecto ha sido el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que llega a hablar de:

• Incertidumbre y carencia de previsibilidad.
• Ausencia de valoración de los aspectos ambientales y paisajísticos.
• Consideración de la costa como un recurso privado y no un bien público.
• Dudas metodológicas y de fundamento en relación con la propuesta de revisión del deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
• E incluso de desmantelamiento del DPMT, pues se está poniendo una cota inferior a la futura posición del deslinde.

Y es que según esta institución, la solución no puede ser más conveniente para las propiedades privadas tras el deslinde, ni peor para los intereses públicos a medio y largo plazo, ya que el Estado deberá garantizar su protección mediante las obras que sean necesarias, con la que está cayendo.

En resumen, considera que el texto se puede calificar de:

1.       Antropocéntrico ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor.
2.       Unidimensional ya que sólo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas en la costa.
3.       Unidireccional ya que sólo se regulan reducciones del DPMT y la zona de servidumbre, y no se plantean su recuperación, restauración o ampliación.
4.       Desfasado ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos veinte años.
5.       Discriminatorio ya que excluye determinados núcleos frente a otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación “por agravios comparativos”.
6.       Expansivo ya que amplía, en el espacio y en el tiempo, los supuestos relacionados en el borrador con la “inseguridad jurídica”.
7.       Imprudente ya que no considera la subida del nivel medio del mar prevista en los próximos 75 años.
8.       Gravoso para los intereses de todos ya que no considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción del DPMT y de la exclusión de determinados núcleos.
9.       Reglamentista ya que contiene precisiones y detalles, en aspectos no esenciales que son de Reglamento que no de Ley.
10.   Impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la delimitación del DPMT y la exclusión de zonas del mismo.
11.   Incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica al dejar para el Reglamento aspectos esenciales de regulación.
12.   Antieuropeo ya que la costa se considera en la legislación europea como un valor natural en sí misma, y su regulación se hace desde el conocimiento e información, con un amplio apoyo y discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etc…
13.   Descoordinado ya que, prácticamente, no hay referencias a la legislación autonómica.
14.   Desleal con la Constitución Española ya que no ubica y no protege los fundamentos de los artículos sobre DPMT y el derecho al medio ambiente.
15.   Insostenible ya que el Borrador no analiza y no aplica el principio de que las actuaciones ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrolllo de las generaciones futuras.

En definitiva, que ya se ha encontrado una forma de acabar con la crisis: vendiendo el patrimonio que es de todos.

  Juan Garrido Clavero, Geógrafo, Politólogo y Antropólogo de GRarquitectos

Los “Geolodías” son jornadas divulgativas a nivel nacional en las que a  través de diferentes actividades se pretende acercar el conocimiento de nuestro entorno desde el punto de vista de la Geología, asi como de la profesión de geólogo. Básicamente, son excursiones en el  campo donde los guías geólogos comparten su conocimiento de una manera didáctica y entretenida, permitiendo observar estos lugares con ojos geológicos, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico.

El Geolodía 2013 en la provincia de Granada se celebró el pasado 12 de Mayo y tuve la ocasión de asistir con varios compañeros de GRarquitectos. Bajo el título de «Deslízate a conocer el oro de Granada», consistía en la visita a una antigua mina de oro Romana en la Lancha del Genil y a un deslizamiento de terrenos en el Valle del Darro.

El recorrido que realizamos, que podéis observar en el mapa a continuación, transitó entre el valle del Rio Genil y del Rio Darro. Organizados por paradas explicativas en distintos puntos del recorrido, especialistas nos fueron explicando las posibles causas del deslizamiento de tierra, aun activo, que se viene produciendo desde las copiosas lluvias de hace dos años y que ha llegado desviar parcialmente el cauce del rio Darro.

El Canal de Los Franceses discurre por encima del deslizamiento y sus continuas pérdidas pueden ser uno de los factores antropicos que han contribuido al deslizamiento.

Cabecera del deslizamiento, cada vez con una cota más alta, puede llegar a afectar al Canal de Los Franceses.

Pero sin duda, en mi opinión, la parte más atractiva de la jornada fue la visita a la antigua mina de oro de “Ruina Montium”, denominada así por el método de extracción utilizado.

En esta foto se pueden apreciar los enormes desmontes provocados por el sistema de explotación “Ruina Montium”:

En este lugar el oro no se encontraba en filones, sino disgregado en el material resistente pero poco compacto que forma estas laderas, el denominado «Conglomerado Alhambra». Para mover grandes cantidades de tierra hasta el rio para poder lavarlo y separarlo, se establecían una serie de túneles en el terreno que posteriormente se llenaban de agua procedente de unos depósitos situados en las partes más altas, provocando la rotura de la montaña tal y como se aprecia en el siguiente gráfico:

La mina, situada en la parte alta de la Lancha del Genil, tuvo dos momentos de explotación. En la época romana tuvo su primera etapa, donde se captaba el agua del rio Beas, afluente del Darro. Esta infraestructura esta actualmente muy deteriorada y prácticamente perdida. A finales del siglo XIX, se retomó su explotación por parte de una compañía francesa. En esta ocasión, con un método distinto, pero con el agua igualmente necesaria, se hubo de tomar de un afluente del Rio Genil, pues, casi dos mil años después de los romanos, la toma desde el Darro no era factible pues gran parte de su caudal se había aprovechado para el sistema hidráulico de la Alhambra.  Pero la infraestructura de conducción, que ya  hemos comentado anteriormente (“El canal de los franceses”) ha perdurado hasta nuestros días y se utiliza en la actualidad para llevar agua a la planta potabilizadora de Cenes.

Paisaje resultante de la acción humana que recuerda al famoso paraje de las Medulas, en León, explotación análoga a la granadina, pero a mayor escala. En todo el recorrido se puede observar gran cantidad de elementos de infraestructura e ingenieria de la antigua mina.

Actualmente, con la subida del precio del oro, la ley de la mina (gramos de oro por metro cubico de terreno) posibilitaría en términos económicos su explotación. Pero son muchas y sensatas las razones por las que no sería factible, como la falta de agua, la contaminación y la presencia de la Alhambra.

En conclusión, esta jornada ha hecho evocar una olvidada pero relativamente reciente Granada de bateadores de oro en el rio Genil y en el Darro, pero sobre todo, la existencia de un patrimonio a difundir y poner en valor como ya se está haciendo desde el Plan Especial de Protección de la Alhambra.

Gracias a la organización por un estupendo día.

 Jesus Maria Cuesta Guerrero, Arquitecto de GRarquitectos

Ya tenemos nueva Ley de Costas. Ayer se aprobó en el congreso y deroga ya antigua Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Ocupando todos los días otros temas  más dramáticos las principales portadas de los medios, se ha colado sin apenas hacer ruido esta actualización de nuestra legislación del litoral, que solo ha tenido un eco y foro de discusión apropiado a través de blogs y redes sociales.

Para muchos esta ley da un paso atrás y no reconoce los problemas de ocupaciones y sobreecplotacion que ha generado a todas nuestras costas la burbuja inmobiliaria y el ladrillo desde los años 60. Para otros, aumentará la seguridad jurídica, por ejemplo, al ampliar las concesiones administrativas, como las de los chiringuitos (de 1 a 4 años) o  las  edificaciones en dominio público marítimo terrestre otros 75 años.

Compartimos unos párrafos de uno artículo de los muchos que podéis encontrar por la red que reflexionan sobre el uso-abuso que hemos hecho de nuestro paisaje, y de la costa en particular, y de que camino nos platea esta reforma legislativa. Se titula “Costes de la ley de costas” y podéis ver completo pinchando aquí.

El panorama que se ofrecía al visitante que accedía a España desde Francia en coche o ferrocarril hace 10 años era un espectáculo insólito de taludes y grúas. Un fenómeno que se desparramaba por el litoral catalán hacia levante. Un caso prácticamente único en Europa, especialmente si tenemos en cuenta que todo ese movimiento de tierras y mutación del paisaje no tenía relación directa con la mejora del territorio agrícola o con el crecimiento neto de población. Una explosión que rápidamente fue case study en las universidades de Ciencias Sociales, Geografía, Antropología, coincidiendo con momentos de máxima divulgación de nuestra arquitectura en el mundo.

La presión era tal, que a la iniciativa privada se incorporó la pública y, con dinero prestado, cada población con salida al mar aspiraba a un puerto deportivo, en lugares tan excepcionales como Portbou, o en el delta del Ebro. También de prestado se construyeron las variantes y rotondas que transformaron el acceso a las poblaciones en un sinfín salvaje de redondeles, sumergidos en taludes, desmontes y jardinería kitsch (no conocemos peor traducción del roundabout inglés que nuestra versión ibérica). También revivieron viejas urbanizaciones en laderas y en la costa, paradas desde los años 60 y 70, además de florecer viviendas en las periferias de todas las ciudades, en forma de bloques o pareadas. Continuaron y se expandieron proyectos, que imaginábamos controlados por la ley de Costas, con casas aisladas u organizando conjuntos frente al mar. En los parajes agrícolas y descampados no había tampoco descanso: naves, granjas, casas, vallas; de todo. Ese paisaje en construcción fue la traducción visual de una situación económica que colocó la urbanización de suelo y la construcción en una posición de ventaja estratégica respecto a otras inversiones. Eso ocurría aquí, en 2002. Pero todo este paisaje, del que nadie se hace responsable, se acabó. ¿Ahora qué?

En su última lección como catedrático de la Escuela de Arquitectura, Manuel Ribas Piera (MRP), insistía en el necesario control cívico del urbanismo y en el valor irradiante de la arquitectura. Una intuición que surge del convencimiento de que las ciudades y su estudio forman parte de una unidad, de un ecosistema, en el que construido y vacío, tierra y piedras no pueden proyectarse, ni pensarse, de manera aislada. Hoy sabemos cuánto esta visión, que entiende la ciudad como una parte del paisaje, es esencial no solo por criterios estéticos o formales, sino también por razones estructurales. Son cuestiones ecológicas y medioambientales, de los que cuelga nuestro futuro: en las que el control y la evaluación del “riesgo” debería guiar las decisiones sobre las estrategias y las leyes (discusión creciente en Estados Unidos tras los desastres ambientales provocados por el cambio climático). El último artículo de MRP en EL PAÍS, Eurovegas, vender la dignidad, iniciaba de manera emocionante: “La tierra es el más preciado patrimonio nacional. Un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une”. En el debate actual sobre el litoral, que pone sobre la mesa el futuro ambiental de nuestro país, nos falta el criterio, el interés cívico y la pasión radical por el paisaje y la ciudad de MRP.

Hemos encontrado en el blog “Paisaje Transversal” una recopilación a modo de reseñas legislativas acerca de cómo se trata legalmente el tan actual tema de las viviendas vacias, tras el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda  aprobado por la Junta de Andalucía. El articulo, titulado «El tratamiento de la vivienda vacía en los países más avanzados de la UE«, nos habla sobre el caso de Los Paises Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania

Si tuviera que señalar dos grandes diferencias estructurales, diría que, en muchos países de la UE, la vivienda vacía se considera una patología urbana, económica, social y medioambiental. Partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal que tiende a evitar que este fenómeno se produzca, a través de dos grandes tipos de medidas: 1) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta; y 2) la penalización de la permanencia voluntaria en desuso. Frente a esta situación, buena parte de la población española no considera que la vivienda vacía sea un problema, y entiende que la propiedad privada —«sacrosanta»— faculta a los titulares de vivienda para hacer con ella lo que les venga en gana; este es, prácticamente, el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios.

Estas diferencias en materia de vivienda vacía entre buena parte de la UE y España son más materiales o prácticas que formales o jurídicas, pues nuestro país se adscribe a la ortodoxia del Estado social y democrático de derecho. Así, nuestra Constitución establece que toda propiedad está orientada a su función social (que deberá ser concretada por las leyes); toda la riqueza nacional, con independencia de su clase, está orientada hacia el interés general; y el sector público está habilitado para intervenir en la economía. Proclamaciones de este tipo son habituales en las constituciones y leyes de otros Estados de la UE. En su caso, no obstante, han ido seguidas de prácticas administrativas de fomento de la movilización de la vivienda vacía y penalización de la resistencia a esta. En el caso de España, el mandato constitucional solo ha producido tímidos y muy polémicos despliegues en Euskadi y Cataluña a finales de la pasada década, y ahora en toda España con motivo de las okupaciones promovidas por el movimiento 15M.

Antes de repasar lo que se ha hecho, propuesto y no hecho en España en lo que se refiere a la vivienda vacía, creo que puede ser de interés repasar las medidas habituales concretas de la UE. Saber en qué marco nos movemos debe ayudar a encauzar nuestro propio debate. Sin ánimo de ser exhaustivos, apunto algunas medidas presentes en la UE desde hace décadas.

PAÍSES BAJOS 

· La ocupación de viviendas vacías desde hace más de un año ha sido tradicionalmente legal. La vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler). Dado que si no se alquila la vivienda hay riesgo de okupación y de no poder expulsar al okupa, lo habitual es que las viviendas no estén vacías, sino alquiladas. Cuando se produce una okupación, la propiedad suele llegar a un acuerdo arrendaticio con los propios okupas. Esta medida no está exenta de polémica: en los últimos años, los Gobiernos de centro‑derecha estatales han abogado por su derogación, y las asociaciones de alcaldes y municipios por su mantenimiento.

· Como en casi toda la UE, hay importantes subsidios públicos para que personas o familias hagan frente a sus gastos mensuales de alquiler (privado o público).

· Además, son numerosos los programas de ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas destinada a su posterior puesta en alquiler. 

DINAMARCA

· Desde mediados del siglo pasado hasta hoy, en los municipios de mayor tamaño se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas. 

· De hecho, la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía. 

 SUECIA 

 · La existencia de viviendas vacías en su término municipal implica un aumento de gasto para los ayuntamientos, dado que cada vivienda privada vacía incrementa el precio oficial de los alquileres de vivienda protegida; como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales (los ayuntamientos pagan la diferencia entre el precio oficial y el social abonado por el inquilino), el aumento de viviendas privadas vacías implica un mayor gasto en alquiler público para los ayuntamientos.

· Para evitar lo anterior, los ayuntamientos ofertan viviendas en alquiler más baratas (propia pública o concertada privada); así, reducen el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios. 

 · Como medida extrema, demuelen las viviendas vacías cuando son edificios enteros. 

 FRANCIA

· Medidas públicas para favorecer el alquiler de las viviendas vacantes: 1) subvenciones y desgravaciones fiscales para los propietarios privados de vivienda vacía que la rehabiliten y pongan posteriormente en alquiler; 2) alquiler obligatorio por parte de los HLM (Habitation à Loyer Modéré, gestores sin ánimo de lucro de vivienda social en alquiler concertados con las Administraciones Públicas) de las viviendas vacantes, con garantías para los propietarios privados de cobro de los alquileres (no íntegros).

 · Canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200 000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones, la tasa es del 10 % del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12,5 % el segundo y 15 % el tercero y posteriores. El dinero recaudado se destina a un instituto público que rehabilita vivienda. 

 · Requisa gubernamental de viviendas que lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios —solo personas jurídicas— no hayan puesto medios para alquilarlas en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Estas viviendas las gestiona en alquiler un HLM. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado, de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc. 

 REINO UNIDO 

 · La Empty Homes Agency (Agencia estatal de la vivienda vacía) trata de animar a los ayuntamientos a reducir el número de viviendas vacías, y media entre estos y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario existente frenando el número de viviendas vacías, procura que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neighbourhood). 

 · Incentivos fiscales para los propietarios privados por la compra y rehabilitación de las viviendas vacías. 

 · Presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social. 

 · Penalizaciones impuestas por las autoridades locales a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas. En relación con lo anterior, las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías.

 · Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas vacías. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o la venta de una vivienda que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. En la última lista a la que tuve acceso, la medida era susceptible de ser aplicada a unas 600 000 viviendas en Inglaterra. 

 ALEMANIA 

 · Los propietarios pueden verse obligados a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por la Administración (alquiler forzoso) e incluso la expropiación. 

 · En municipios con más del 10 % de viviendas vacías, la Administración procede a demoler las viviendas vacías que no se pueden alquilar, siempre que lo que esté vacío y no sea alquilable sea un edificio entero. 

 Como se puede comprobar, están generalizadas las ayudas públicas para el pago del alquiler y las subvenciones a la rehabilitación de viviendas vacías que posteriormente se destinan al alquiler. De la misma manera, en la UE están a la orden del día las sanciones, las multas coercitivas, las administraciones sustitutivas públicas, las requisas, los alquileres y ventas forzosos, las expropiaciones, las legalizaciones de la okupación y las demoliciones. ¿En todos estos países las autoridades públicas atacan desde hace décadas a la propiedad desde postulados dictatoriales o populistas? ¿O acaso lo que ocurre en estos países —que, por cierto, representan los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias pioneras del planeta— es que a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general? 

 Por cierto —y no por casualidad—, en la mayor parte de estos países europeos es mucho más fácil para el hombre de a pie acceder a una vivienda de mercado, tanto en alquiler como en compra. Además, todos ellos tienen fuertes parques de alquiler (público en gran medida), un consumo de suelo mucho menor, una utilización de las técnicas de reutilización de los elementos urbanos mucho mayor y un complejo inmobiliario‑financiero mucho menos poderoso que el nuestro; por esto último, su empleo y su PIB dependen en menor medida del ladrillo que los de España, y su financiación e inversión se enfocan en mayor medida hacia otras actividades con mayor valor añadido y menores externalidades. 

 A pesar de todo lo anterior, los países económica y socialmente líderes en la UE no tienen completamente resueltos los problemas residenciales de su población. La constatación de las siderales diferencias entre España y los países de la UE en lo que respecta a vivienda vacía, alquiler y rehabilitación, no debe llevarnos a idealizar a estos países. Tampoco debemos obviar los vientos de privatización que soplan en el resto de la UE sobre las políticas urbanas, de vivienda y de cohesión social. Por último, la comprobación del éxito histórico de otros no debe hacernos caer en la tentación de la importación mimética y acrítica de técnicas foráneas que, a buen seguro, necesitan adaptarse a nuestro terreno. Sea como fuere, hay referentes históricos y buenas prácticas en la materia. No tenerlas en cuenta sería incomprensible

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Compartimos la siguiente entrevista a la decana del Colegio de Arquitectos de Granada, que aparece hoy en la edición impresa de IDEAL. Afirma en ella que la nueva ley que se prepara para regular las profesiones liberales reduce «las posibilidades de cambio de futuro que se están sembrando»

 «Tenemos un panorama bastante por debajo del mileurismo. A pesar de todo ello, los arquitectos seguimos adelante, sobrellevando el desánimo, haciendo nuestros propios procesos de reconversión ». La valoración la hace la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Marta Gutiérrez Blasco. En la actualidad el número de arquitectos colegiados son 696. La situación no es halagüeña y la ley que se redacta para regular las profesiones liberales tampoco les convence.

– ¿Qué está sucediendo con la ley que se prepara para regular el ejercicio de las profesiones liberales?

-La ley está en proceso de redacción desde 2011 tras la aprobación del conjunto de medidas ‘liberalizadoras’, conocido como Ley Ómnibus. La alarma que se produjo justo con el cambio de año se debió a la filtración de un documento de trabajo del Ministerio de Economía a modo de declaración de intenciones, para el aumento de la competencia en sanidad, justicia, edificación. Desde el ministerio se declaró que era un documento de trabajo más, pero se ha creado un clima de desconfianza y a veces de enfrentamiento entre profesiones, poniéndolas a competir por defender sus ámbitos de trabajo. Esta desunión distrae de la visión global de la situación, en la que cada vez son más difíciles las condiciones de ejercicio de cualquier profesión, dentro del proceso de precarización y falta de valoración deltrabajo que nos aqueja, desde la agricultura a la industria o el comercio, desde la enseñanza a la investigación;y  además siembra el desánimo respecto a formarse para aportar lo mejor de uno a su ámbito de trabajo. Cuando todo vale, nada vale.

-¿Cómo afectará a los arquitectos?

-El documento incluía, entre otras, la eliminación de lo que llamaban ‘reserva de actividad’ por usos, que dicho así suena a coto de caza, cuando es solo la determinación legal de que

el proyecto de edificación sea redactado por un arquitecto cuando el edificio tenga uso administrativo, sanitario , religioso, residencial, docente y cultural. Se trata la cuestión como

si las competencias fueran un reparto de cuotas de mercado y se habla de eliminar trabas , cuando esas trabas no son más que el sistema por el que  nuestra sociedad garantiza que quien va a estar encargado de una tarea tenga la formación adecuada para realizarla. Hay más de 30 escuelas de arquitectura, sin más limitación de acceso que cualquier otra titulación. ‘Es decir, que libertad de acceso ya hay. Eliminar las exigencias de formación propia de cada campo podría tener sentido como medida transitoria en un contexto de escasez de profesionales formados. Pero si hay algo en este país son profesionales formados.

– ¿En qué aspectos les perjudicará?

-Creo que de aprobarse una ley en este sentido no cambiaría la situación personal de los arquitectos. El aumento de la competencia que la ley pretende es una realidad: no ha requerido fomento legal alguno y ha generado una explotación a la que se inicia al arquitecto desde que es estudiante. Los arquitectos ya conocemos los efectos de la competencia sin regulación, la búsqueda de la máxima rentabilidad  sin valoración del trabajo: subcontratación, precarización

laboral e irregularidad en la calidad. Ya hay reacciones: la reivindicación de un convenio colectivo que garantice condiciones de trabajo dignas, la aparición de formas de asociación profesional horizontales, en igualdad de condiciones, la colaboración intra e interdisciplinar, o la apertura de nuevos enfoques y nuevos campos en la profesión. Y también la sangría que supone la emigración a regiones donde la propia formación y dedicación profesional esté más valorada. El colectivo ha emprendido las medidas de autosalvamento, arremetiendo contra sí mismo cuando es necesario. No cambiaría el presente, porque en lo que la ley pretende ya estamos. Lo que haría seria reducir las posibilidades de cambio futuro que se están sembrando, y que no se basan en el fomento ciego de la competencia, sino en la capacidad de cooperación intra e interdisciplinar para lograr al tiempo conocimiento especializado -oficio- y visión integradora y humanística. No mejorarán los servicios compitiendo más, sino cooperando más y mejor.

Mercantilización

– ¿Está amenazada la práctica de la Arquitectura?

– Sí, no ya por la ley, sino por su base: la mercantilización en que estamos inmersos como  sociedad. La edificación se ha convertido en una mercancía, aquella sobre la que más se ha especulado. La calidad del producto para su uso ha pasado a un plano secundario,  y la arquitectura ha desaparecido prácticamente del proceso de producción de ciudad: el inversor (que no era el usuario final) en general no estaba .dispuesto a pagarla (pagar una firma o un documento, no es pagar arquitectura) y de hecho a menudo le estorbaba, así que el mercado, ‘naturalmente’, ha elegido a los profesionales que no hacían arquitectura, que no ponían ‘pegas’ y además cobraban poco (considerando el servicio prestado; cobraban muchísimo). Así nos olvidemos de cuál era el servicio que estábamos pagando. Por otra parte, existe un mercado para los proyectos de autor, porque es su imagen la que es rentable (política o económicamente), pero que tampoco responden a necesidad social alguna. Si como sociedad no cambiamos nuestros objetivos, continuaremos la degradación de la profesión, que vamos con fundiendo cada vez más con sus sombras: las firmas, los documentos, los visados, las imágenes de papel cuché.

-¿Cuánto pueden aguantar esta situación?

-El colectivo es heterogéneo, del arquitecto titular de estudio al falso autónomo, del que se ha sumado a la especulación inmobiliaria al que la ha sufrido o incluso la ha batallado, las situaciones económicas son muy distintas. Pero en general son entre difíciles y dramáticas en todas las generaciones, y se resiste principalmente por el apoyo familiar. La tendencia trabajar por cuenta propiao como falsos autónomos sin contrato hace que no tengamos ni siquiera el colchón de la prestación por desempleo para reaccionar. ¿Cómo profesión? Cuando la sociedad demande buena y honrosa arquitectura tendrá buenos arquitectos a su disposición.

 Pérdida de función social

– Al margen de la nueva ley, ¿qué otros aspectos preocupan ahora a los arquitectos?

– A muchos les preocupa la pérdida de la función social de la arquitectura. Y de manera indisoluble, la cruda situación de explotación e irregularidad laboral en el sector. No son todos, pero habrá que escucharlos, porque señalan intereses colectivos y públicos (que no son la suma de intereses particulares) y eso es lo que hará necesario; útil y viva la profesión. En este sentido, es muy preocupante el anteproyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana’ que se está tramitando por vía de urgencia. Las motivaciones las compartimos: la rehabilitación de la ciudad consolidada, por pura sensatez económica, ecológica y social. Pero, los medios que se plantean –como posibilidad de intervención de particulares(empresas) no propietarios para ejecutar las actuaciones sin la garantía de permanencia en la propia vivienda- generan un gran riesgo de expulsión de población de zonas urbanas centrales o estratégicas. Esto, junto con la posibilidad de aumento de edificabilidades para ‘viabilizar’ las actuaciones, apunta a la generación de una nueva burbuja especulativa, que conduciría el mismo metabolismo parásito hacia otro campo, el de nuestro medio urbano presente y cotidiano.

-¿Qué se debe reforzar en el ejercicio de la Arquitectura?

-Es necesaria su reorientación hacia la satisfacción de las necesidades de las personas mediante el desarrollo de sus capacidades. Hay que recuperar al habitante y a las comunidades como prioridad y restituir su capacidad de decisión sobre su medio y sus recursos, que es preciso optimizar porque son finitos. Hay que restablecer los vínculos profundos con nuestro hábitat, aprovechar lo existente (rehabilitar), y aproximar lo más posible el origen de los recursos (energía, agua, materiales) que empleamos en los edificios, y la gestión de residuos mediante medidas que los minimicen y cierren su ciclo, en la mayor proximidad posible. Es imprescindible además la redignificación del trabajo en el ejercicio de la arquitectura, y la revalorización social del conocimiento profundo, la conciencia y la colaboración de todos los que intervienen en el proceso de hacer ciudad.

La pasada semana Moneo visitó Granada y pasó por el Colegio de Arquitectos.

Creo que muchos compañeros de los que fuimos al Colegio a disfrutar del Salón de los Jueves recuperado (¿…?) para la ocasión, íbamos también a lamer nuestras heridas, a untarnos con el bálsamo de la buena arquitectura sobre nuestra dolorida profesión en un Colegio tristemente vacío por la mañana y abarrotado esa noche.

El título de la conferencia, “El arquitecto entre la espada y la pared”, nos tendió una pequeña trampa y nos dejamos llevar. No se habló de crisis ni de borrador de anteproyecto de ley de servicio profesionales. Puede que el maestro, a estas alturas de su vida profesional y ya con setenta y cinco años, esté por encima de estas cuitas. Aunque personalmente no lo creo y quiero pensar que tiene una opinión muy contraria a lo que apunta el citado borrador.

 A mí me basta tenerle a él como referente. Como la mejor respuesta a un borrador de anteproyecto de ley que confunde, con afán economicista, disciplina y un buen hacer profesional con simple capacidad técnica. Borrador que, con su torpe planteamiento, ha sido capaz de poner en pie de guerra a colectivos diversos que no están de acuerdo con lo publicado, tanto a arquitectos como a ingenieros, tanto a arquitectos técnicos como a ingenieros de la edificación.

Su arquitectura es la mejor defensa de la Arquitectura, sirve bien para explicar lo que ha sido y es la enseñanza de esta bella profesión en las escuelas españolas, sirve bien para explicar porqué la arquitectura española está tan bien valorada fuera de nuestras fronteras.

Este fin de semana comentaba con unos amigos, una matemática y otro topógrafo, que un estudiante que decidiera hacer un grado universitario con una hipotética raíz común para ingeniería-arquitectura y que al final se especializara en arquitectura, seguramente, no llegaría a ser un arquitecto tal y como yo lo entiendo. Sin embargo si desde su primer año como universitario ese estudiante se forma con conocimientos físico-matemáticos-técnicos-artísticos-humanísticos, esa receta, tan singularmente española, bien mezclada acabará dando como resultado un arquitecto. Esto no existe en el resto de Europa, y esto es lo que podemos perder, si consiguen que confundamos cualquier ingeniería con arquitectura, capacidades técnicas y profesiones.

¡Válgame Moneo!

Os recordamos que si quereis ser parte activa en las acciones del colectivo, podeis firmar en contra del borrador en el siguiente enlace:

http://www.colectivosarquitectura.com/page/firmas-contra-la-ley-de-servicios-profesionales

Gabriel Fernández Adarve, Arquitecto de GRarquitectos

Las noticias surgidas en las últimas semanas sobre las modificaciones que planean sobre la Ley de Servicios (LSP) están revolucionando al colectivo de arquitectos tanto en la calle como en las redes sociales. Ríos de tinta se están derramando en opiniones y muchos los actores que están apareciendo en sus púlpitos para predicar con “elocuentes” discursos. En los próximos días compartiremos algunas muestras de buenos artículos que muchos profesionales están publicando en defensa de la arquitectura y de los arquitectos.

Pero, entrando en materia, si, como se pretende, se suprimiera la reserva exclusiva de actividad que tenemos los arquitectos, podrían proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, también los ingenieros con competencias en edificación. La propuesta se justifica en la consideración de que no es proporcionado reservar la actividad de edificación según los usos, o sea, que si un profesional es competente para realizar una edificación, se entiende que también será capaz de realizar otras, con independencia de su uso.

Creemos que esto no se puede reducir a una simple cuestión de capacidad técnica o de uso del edificio.  

Y si nos esa así…¡¡ ay !!…cuantos años inútiles estudiando y poniendo en práctica la composición arquitectónica, la historia del arte y de la arquitectura, el dibujo artístico, los elementos de composición. Toda la componente humanística de la carrera y de la profesión de arquitecto, tirada por la borda, en aras de la economía. ¡Qué más da!, si se sabe lo que es una viga, como se calcula, cuanto vale y se sabe ejecutar, ya basta, lo demás no importa. Así, incluso una máquina bien programada será capaz de ahorrarnos algún eurillo más en honorarios. ¡Qué torpeza, la de estos personajes de Bruselas no habiéndole sugerido esto antes a nuestros obedientes gobiernos!

Lástima que con el ahorro pretendido se esfumará todo aliento de poesía y de belleza en las construcciones proyectadas y dirigidas por fríos ingenieros del norte de Europa, tan competentes ellos.

¡Adiós, querida Arquitectura !

Pero antes de darla por perdida, disfrutemos del siguiente video…

Si queréis ser parte activa en las acciones del colectivo, pues nos afecta a todos, podeis firmar en contra del borrador en el enlace siguiente:

http://www.colectivosarquitectura.com/page/firmas-contra-la-ley-de-servicios-profesionales