El reciéntemente aprobado Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, por el que se modifica la Ley 22/1988 de Costas, ha sido motivo de una fuerte controversia entre partidarios y detractores de distinta profundidad técnica.

Una de las instituciones más autorizadas pronunciadas al respecto ha sido el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que llega a hablar de:

• Incertidumbre y carencia de previsibilidad.
• Ausencia de valoración de los aspectos ambientales y paisajísticos.
• Consideración de la costa como un recurso privado y no un bien público.
• Dudas metodológicas y de fundamento en relación con la propuesta de revisión del deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
• E incluso de desmantelamiento del DPMT, pues se está poniendo una cota inferior a la futura posición del deslinde.

Y es que según esta institución, la solución no puede ser más conveniente para las propiedades privadas tras el deslinde, ni peor para los intereses públicos a medio y largo plazo, ya que el Estado deberá garantizar su protección mediante las obras que sean necesarias, con la que está cayendo.

En resumen, considera que el texto se puede calificar de:

1.       Antropocéntrico ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor.
2.       Unidimensional ya que sólo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas en la costa.
3.       Unidireccional ya que sólo se regulan reducciones del DPMT y la zona de servidumbre, y no se plantean su recuperación, restauración o ampliación.
4.       Desfasado ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos veinte años.
5.       Discriminatorio ya que excluye determinados núcleos frente a otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación “por agravios comparativos”.
6.       Expansivo ya que amplía, en el espacio y en el tiempo, los supuestos relacionados en el borrador con la “inseguridad jurídica”.
7.       Imprudente ya que no considera la subida del nivel medio del mar prevista en los próximos 75 años.
8.       Gravoso para los intereses de todos ya que no considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción del DPMT y de la exclusión de determinados núcleos.
9.       Reglamentista ya que contiene precisiones y detalles, en aspectos no esenciales que son de Reglamento que no de Ley.
10.   Impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la delimitación del DPMT y la exclusión de zonas del mismo.
11.   Incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica al dejar para el Reglamento aspectos esenciales de regulación.
12.   Antieuropeo ya que la costa se considera en la legislación europea como un valor natural en sí misma, y su regulación se hace desde el conocimiento e información, con un amplio apoyo y discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etc…
13.   Descoordinado ya que, prácticamente, no hay referencias a la legislación autonómica.
14.   Desleal con la Constitución Española ya que no ubica y no protege los fundamentos de los artículos sobre DPMT y el derecho al medio ambiente.
15.   Insostenible ya que el Borrador no analiza y no aplica el principio de que las actuaciones ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrolllo de las generaciones futuras.

En definitiva, que ya se ha encontrado una forma de acabar con la crisis: vendiendo el patrimonio que es de todos.

  Juan Garrido Clavero, Geógrafo, Politólogo y Antropólogo de GRarquitectos

Ya tenemos nueva Ley de Costas. Ayer se aprobó en el congreso y deroga ya antigua Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Ocupando todos los días otros temas  más dramáticos las principales portadas de los medios, se ha colado sin apenas hacer ruido esta actualización de nuestra legislación del litoral, que solo ha tenido un eco y foro de discusión apropiado a través de blogs y redes sociales.

Para muchos esta ley da un paso atrás y no reconoce los problemas de ocupaciones y sobreecplotacion que ha generado a todas nuestras costas la burbuja inmobiliaria y el ladrillo desde los años 60. Para otros, aumentará la seguridad jurídica, por ejemplo, al ampliar las concesiones administrativas, como las de los chiringuitos (de 1 a 4 años) o  las  edificaciones en dominio público marítimo terrestre otros 75 años.

Compartimos unos párrafos de uno artículo de los muchos que podéis encontrar por la red que reflexionan sobre el uso-abuso que hemos hecho de nuestro paisaje, y de la costa en particular, y de que camino nos platea esta reforma legislativa. Se titula “Costes de la ley de costas” y podéis ver completo pinchando aquí.

El panorama que se ofrecía al visitante que accedía a España desde Francia en coche o ferrocarril hace 10 años era un espectáculo insólito de taludes y grúas. Un fenómeno que se desparramaba por el litoral catalán hacia levante. Un caso prácticamente único en Europa, especialmente si tenemos en cuenta que todo ese movimiento de tierras y mutación del paisaje no tenía relación directa con la mejora del territorio agrícola o con el crecimiento neto de población. Una explosión que rápidamente fue case study en las universidades de Ciencias Sociales, Geografía, Antropología, coincidiendo con momentos de máxima divulgación de nuestra arquitectura en el mundo.

La presión era tal, que a la iniciativa privada se incorporó la pública y, con dinero prestado, cada población con salida al mar aspiraba a un puerto deportivo, en lugares tan excepcionales como Portbou, o en el delta del Ebro. También de prestado se construyeron las variantes y rotondas que transformaron el acceso a las poblaciones en un sinfín salvaje de redondeles, sumergidos en taludes, desmontes y jardinería kitsch (no conocemos peor traducción del roundabout inglés que nuestra versión ibérica). También revivieron viejas urbanizaciones en laderas y en la costa, paradas desde los años 60 y 70, además de florecer viviendas en las periferias de todas las ciudades, en forma de bloques o pareadas. Continuaron y se expandieron proyectos, que imaginábamos controlados por la ley de Costas, con casas aisladas u organizando conjuntos frente al mar. En los parajes agrícolas y descampados no había tampoco descanso: naves, granjas, casas, vallas; de todo. Ese paisaje en construcción fue la traducción visual de una situación económica que colocó la urbanización de suelo y la construcción en una posición de ventaja estratégica respecto a otras inversiones. Eso ocurría aquí, en 2002. Pero todo este paisaje, del que nadie se hace responsable, se acabó. ¿Ahora qué?

En su última lección como catedrático de la Escuela de Arquitectura, Manuel Ribas Piera (MRP), insistía en el necesario control cívico del urbanismo y en el valor irradiante de la arquitectura. Una intuición que surge del convencimiento de que las ciudades y su estudio forman parte de una unidad, de un ecosistema, en el que construido y vacío, tierra y piedras no pueden proyectarse, ni pensarse, de manera aislada. Hoy sabemos cuánto esta visión, que entiende la ciudad como una parte del paisaje, es esencial no solo por criterios estéticos o formales, sino también por razones estructurales. Son cuestiones ecológicas y medioambientales, de los que cuelga nuestro futuro: en las que el control y la evaluación del “riesgo” debería guiar las decisiones sobre las estrategias y las leyes (discusión creciente en Estados Unidos tras los desastres ambientales provocados por el cambio climático). El último artículo de MRP en EL PAÍS, Eurovegas, vender la dignidad, iniciaba de manera emocionante: “La tierra es el más preciado patrimonio nacional. Un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une”. En el debate actual sobre el litoral, que pone sobre la mesa el futuro ambiental de nuestro país, nos falta el criterio, el interés cívico y la pasión radical por el paisaje y la ciudad de MRP.

Miguel Ángel Losada, bilbaíno nacido en Salamanca de 63 años, ingeniero de caminos, catedrático de Costas de la Universidad de Granada y director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, es la voz autorizada más contundente contra la sistemática destrucción de la costa española. Hace dos años elaboró, a petición del CSIC, Parques Nacionales y Costas, el informe de base para el deslinde de Doñana aprobado por el Gobierno, que declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreasy expropia 35 kilómetros de costa a la Junta de Andalucía. Su serie Las riberas del mar océano, producida por TVE y que organizó un gran revuelo en medios gubernamentales por sus críticas, sigue pendiente de emisión.

¿Recuerda las playas de antes?

Yo veraneaba en Luarca (Asturias), el pueblo de mi padre. Entonces había muchas playas salvajes: de la arena se pasaba a las piedras, al prado y al camino, subiendo por el acantilado…

Ahora lo salvaje es el urbanismo ¿no cree?

Duele conocer lo que se ha dejado atrás, lo que hemos perdido y que nunca volverá a ser, y no encontrar respuesta a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿ha compensado pagar este peaje?

¿Qué ve usted que no perciben los demás?

Cómo eran antes los procesos litorales y la evolución de la costa y cómo son ahora. Qué está provocando la intervención humana y cuáles pueden ser las consecuencias.

¿Y qué le preocupa más?

La irresponsabilidad con la que se interviene en el litoral, el que todo valga con tal de generar una supuesta riqueza. ¡Y que a eso lo llamen poner en valor la costa!

¿A qué equipararía el deterioro actual?

A un suicidio social, a una pesadilla que ojalá nunca hubiese ocurrido, a la destrucción de algo único e irrepetible, a matar a la gallina de los huevos de oro.

Suena fuerte.

Si no paramos esta barbarie, el incendio de Roma por Nerón para especular con el suelo será una aventurilla histórica comparada con la destrucción de la costa española.

¿Lo explica con algún ejemplo concluyente?

En Cacela Velha [Portugal], cerca de Ayamonte, hay una costa de cordones y lagunas litorales que bañan playas de arenas finas, abrigando los acantilados, casi sin construcciones. Así era la costa española desde el Guadiana hasta el río Piedras.

¿Y ahora?

Ahora ahí lo que tenemos es Antilla y Nueva Antilla. Mire y compare.

¿Qué barbaridad urbanística le impresiona más?

¡Qué difícil! Es una locura continua: Son Bou, El Algarrobico, La Manga, los Arenales del Sol, Noja e Isla, Alcudia, Benidorm…

Acantilados destrozados…

Cuando veo un acantilado ocupado por construcciones calculo (con amargura) los años que les queda a las viviendas antes de deslizarse hacia al mar.

¿Los promotores van ganando el partido?

Si pensamos que desde 1960 sólo hemos jugado el primer tiempo, los promotores ganan por goleada. Ojalá que en este segundo tiempo, con la ayuda del conocimiento y el sentido común, se invierta el resultado.

¿Siente que falla el árbitro?

Sí, en muchas ocasiones falla el árbitro, pero no porque se equivoque con sus decisiones, sino porque también chuta, estorba e interviene.

¿Qué se podría haber evitado?

La Costa del Sol, casi en su integridad. Al este de Málaga no se ha respetado la conexión entre arroyos, acantilados y playas, ni el papel relevante del delta en Torre del Mar, ni la conexión agua, acantilado y playa de guijarros en Nerja.

Aquél era un paisaje maravilloso.

Espero que los responsables no tengan alzhéimer y nunca olviden el daño que hicieron.

¿Qué ocurrirá si sube el nivel del mar?

La pregunta no es si…, ¡es que está subiendo! Cuando alcance un nivel inadmisible habrá que decidir qué se protege, porque el coste será imposible.

¿Las administraciones se arrojan la pelota?

-Todas las administraciones tienen parte de responsabilidad de lo que ocurre, sobre todo por deslealtad entre ellas. El motor de la locura en la dictadura fue el Estado. En la democracia, algunas autonomías y bastantes ayuntamientos.

-¿Cuáles son las responsabilidades del Estado?

-No haber deslindado el dominio público marítimo terrestre en cinco años tras la Ley de Costas y haber cedido, en algunos momentos, a las presiones locales.

-Pero ahora se ha deslindado Doñana…

-Pues eso. Se debería haber deslindado antes de 1993.

-¿Sus denuncias caen en saco roto?

Puede ser, pero el silencio es una garantía de la impunidad y ésta es una hemorragia social. El papel de ecologistas y grupos ciudadanos es esencial, aunque se echa en falta la participación de otros colectivos.

¿Defiende las demoliciones?

Sí. No debe haber espacio para la impunidad.

¿Qué porcentaje habría que demoler?

Es difícil de precisar pero, si queremos evitar problemas en un futuro que se presenta inmediato, posiblemente más del 40% de lo edificado en los últimos 60 años debiera de demolerse.

¿Y no sería inviable económicamente?

Ya suponía usted mi contestación ¿eh? Más inviable será mantenerlo, además de injusto. ¿Por qué debemos pagar todos los españoles por proteger los edificios de la Manga?

¿Lo que ocurre es fruto de una corrupción generalizada?

Corrupción no es sólo saltarse las leyes para enriquecerse, sino ignorar  principios básicos: éticos, ambientales, sociales… El desorden litoral es el fruto de la corrupción y de la cultura del pelotazo.

Por Charo F. Cotta. Entrevista publicada en los periódicos del Grupo Joly el día 5 de Septiembre 2010