El reciéntemente aprobado Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, por el que se modifica la Ley 22/1988 de Costas, ha sido motivo de una fuerte controversia entre partidarios y detractores de distinta profundidad técnica.

Una de las instituciones más autorizadas pronunciadas al respecto ha sido el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que llega a hablar de:

• Incertidumbre y carencia de previsibilidad.
• Ausencia de valoración de los aspectos ambientales y paisajísticos.
• Consideración de la costa como un recurso privado y no un bien público.
• Dudas metodológicas y de fundamento en relación con la propuesta de revisión del deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
• E incluso de desmantelamiento del DPMT, pues se está poniendo una cota inferior a la futura posición del deslinde.

Y es que según esta institución, la solución no puede ser más conveniente para las propiedades privadas tras el deslinde, ni peor para los intereses públicos a medio y largo plazo, ya que el Estado deberá garantizar su protección mediante las obras que sean necesarias, con la que está cayendo.

En resumen, considera que el texto se puede calificar de:

1.       Antropocéntrico ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor.
2.       Unidimensional ya que sólo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas en la costa.
3.       Unidireccional ya que sólo se regulan reducciones del DPMT y la zona de servidumbre, y no se plantean su recuperación, restauración o ampliación.
4.       Desfasado ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos veinte años.
5.       Discriminatorio ya que excluye determinados núcleos frente a otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación “por agravios comparativos”.
6.       Expansivo ya que amplía, en el espacio y en el tiempo, los supuestos relacionados en el borrador con la “inseguridad jurídica”.
7.       Imprudente ya que no considera la subida del nivel medio del mar prevista en los próximos 75 años.
8.       Gravoso para los intereses de todos ya que no considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción del DPMT y de la exclusión de determinados núcleos.
9.       Reglamentista ya que contiene precisiones y detalles, en aspectos no esenciales que son de Reglamento que no de Ley.
10.   Impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la delimitación del DPMT y la exclusión de zonas del mismo.
11.   Incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica al dejar para el Reglamento aspectos esenciales de regulación.
12.   Antieuropeo ya que la costa se considera en la legislación europea como un valor natural en sí misma, y su regulación se hace desde el conocimiento e información, con un amplio apoyo y discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etc…
13.   Descoordinado ya que, prácticamente, no hay referencias a la legislación autonómica.
14.   Desleal con la Constitución Española ya que no ubica y no protege los fundamentos de los artículos sobre DPMT y el derecho al medio ambiente.
15.   Insostenible ya que el Borrador no analiza y no aplica el principio de que las actuaciones ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrolllo de las generaciones futuras.

En definitiva, que ya se ha encontrado una forma de acabar con la crisis: vendiendo el patrimonio que es de todos.

  Juan Garrido Clavero, Geógrafo, Politólogo y Antropólogo de GRarquitectos

Ya tenemos nueva Ley de Costas. Ayer se aprobó en el congreso y deroga ya antigua Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Ocupando todos los días otros temas  más dramáticos las principales portadas de los medios, se ha colado sin apenas hacer ruido esta actualización de nuestra legislación del litoral, que solo ha tenido un eco y foro de discusión apropiado a través de blogs y redes sociales.

Para muchos esta ley da un paso atrás y no reconoce los problemas de ocupaciones y sobreecplotacion que ha generado a todas nuestras costas la burbuja inmobiliaria y el ladrillo desde los años 60. Para otros, aumentará la seguridad jurídica, por ejemplo, al ampliar las concesiones administrativas, como las de los chiringuitos (de 1 a 4 años) o  las  edificaciones en dominio público marítimo terrestre otros 75 años.

Compartimos unos párrafos de uno artículo de los muchos que podéis encontrar por la red que reflexionan sobre el uso-abuso que hemos hecho de nuestro paisaje, y de la costa en particular, y de que camino nos platea esta reforma legislativa. Se titula “Costes de la ley de costas” y podéis ver completo pinchando aquí.

El panorama que se ofrecía al visitante que accedía a España desde Francia en coche o ferrocarril hace 10 años era un espectáculo insólito de taludes y grúas. Un fenómeno que se desparramaba por el litoral catalán hacia levante. Un caso prácticamente único en Europa, especialmente si tenemos en cuenta que todo ese movimiento de tierras y mutación del paisaje no tenía relación directa con la mejora del territorio agrícola o con el crecimiento neto de población. Una explosión que rápidamente fue case study en las universidades de Ciencias Sociales, Geografía, Antropología, coincidiendo con momentos de máxima divulgación de nuestra arquitectura en el mundo.

La presión era tal, que a la iniciativa privada se incorporó la pública y, con dinero prestado, cada población con salida al mar aspiraba a un puerto deportivo, en lugares tan excepcionales como Portbou, o en el delta del Ebro. También de prestado se construyeron las variantes y rotondas que transformaron el acceso a las poblaciones en un sinfín salvaje de redondeles, sumergidos en taludes, desmontes y jardinería kitsch (no conocemos peor traducción del roundabout inglés que nuestra versión ibérica). También revivieron viejas urbanizaciones en laderas y en la costa, paradas desde los años 60 y 70, además de florecer viviendas en las periferias de todas las ciudades, en forma de bloques o pareadas. Continuaron y se expandieron proyectos, que imaginábamos controlados por la ley de Costas, con casas aisladas u organizando conjuntos frente al mar. En los parajes agrícolas y descampados no había tampoco descanso: naves, granjas, casas, vallas; de todo. Ese paisaje en construcción fue la traducción visual de una situación económica que colocó la urbanización de suelo y la construcción en una posición de ventaja estratégica respecto a otras inversiones. Eso ocurría aquí, en 2002. Pero todo este paisaje, del que nadie se hace responsable, se acabó. ¿Ahora qué?

En su última lección como catedrático de la Escuela de Arquitectura, Manuel Ribas Piera (MRP), insistía en el necesario control cívico del urbanismo y en el valor irradiante de la arquitectura. Una intuición que surge del convencimiento de que las ciudades y su estudio forman parte de una unidad, de un ecosistema, en el que construido y vacío, tierra y piedras no pueden proyectarse, ni pensarse, de manera aislada. Hoy sabemos cuánto esta visión, que entiende la ciudad como una parte del paisaje, es esencial no solo por criterios estéticos o formales, sino también por razones estructurales. Son cuestiones ecológicas y medioambientales, de los que cuelga nuestro futuro: en las que el control y la evaluación del “riesgo” debería guiar las decisiones sobre las estrategias y las leyes (discusión creciente en Estados Unidos tras los desastres ambientales provocados por el cambio climático). El último artículo de MRP en EL PAÍS, Eurovegas, vender la dignidad, iniciaba de manera emocionante: “La tierra es el más preciado patrimonio nacional. Un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une”. En el debate actual sobre el litoral, que pone sobre la mesa el futuro ambiental de nuestro país, nos falta el criterio, el interés cívico y la pasión radical por el paisaje y la ciudad de MRP.

Las Naciones Unidas  ha calificado el Plan de Ordenación do Litoral (POL) de la Consejería de Medio Ambiente como una «Buena Práctica Ambiental».

Este reconocimiento se ha producido en el marco del concurso internacional UN-HABITAT, Así una convocatoria  anual donde  se valoran proyectos de prácticas ambientales teniendo en cuenta su sostenibilidad y el impacto ambiental que son enviados por los países o por ONG.

Según argumenta  la ONU en su resolución, que podéis consultar aquí,

El POL integra el paisaje como una herramienta de acercamiento, de tal modo que la información se convierte en formación, y constituye un elemento clave para la reflexión y la motivación en la planificación regional. Esto permite que las decisiones que se tomen desde una perspectiva participativa.

Una de las características distintivas de este planeamiento territorial ha sido la  utilización los sistemas de información geográfica de forma intensiva. El propósito es facilitar el diálogo entre el trabajo de campo y la cartografía generada, lo que dará lugar a una nueva forma de leer y entender la planificación con el apoyo de las últimas tecnologías y del paisaje como unas herramientas para la interpretación del territorio.

El POL suma así un nuevo reconocimiento,  tras ser calificado como «Buena Práctica« por el Ministerio de Fomento y por Ecourbano, (Red de Desarrollo Local Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

Podéis consultar el POL tanto en la página web de la Xunta como en su propia página de facebook.

La semana pasada asistimos a una serie  de conferencias desarrolladas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Estas conferencias versaban sobre las investigaciones combinadas con proyectos fin de carrera en ámbitos litorales desarrolladas desde la ETS de Arquitectura de la Universidad de Granada. Se cerraban con una mesa de debate en la que participaron expertos universitarios en la temática litoral.

Estas charlas se combinaban con  la inauguración de la exposición que constituye una recopilación de parte del trabajo que se ha desarrollado durante los últimos años por estudiantes e investigadores implicados con la temática de arquitectura en el paisaje litoral, y que se mantendrá expuesta un mes en el Colegio.

Una buena actividad amparada por el COAGR por la que hay que felicitar al colectivo.

LitLab (Laboratorio de Investigación Litoral) es un colectivo surgido a partir de arquitectos vinculados a la ETS de Arquitectura de Granada que han desarrollado proyectos fin de carrera combinados con proyectos de investigación sobre la temática de arquitectura y litoral. En la exposición han participado los integrantes de LitLab.

La exposición dio comienzo con una introducción y presentación por parte del coordinador de las investigaciones, Rafael de Lacour: “El fenómeno urbanizador del litoral constituye una tendencia generalizada. Las costas andaluzas han sufrido en las últimas décadas la explotación de sus recursos naturales con un desarrollo sin precedentes. Este contexto tan real resulta idóneo para una investigación colectiva en la que cada participante puede analizar un fragmento, elegido por afinidad y atendiendo a sus condiciones particulares, para luego desarrollar propuestas coherentes desde la escala territorial hasta la arquitectónica”. Y añade que “así fue como se planteó esta temática de proyecto fin de carrera combinado con un proyecto de investigación”.

  Tras esta introducción pasaron a explicar su investigación algunos de los componentes de LitLab:

José Carlos Fernández Martínez_ Cabo de Gata-Níjar (Levante almeriense)

La investigación se centra en el levante almeriense, territorio altamente antropizado por los recientes procesos de agricultura intensiva, que posee un paisaje único como es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Se propone redefinir el borde de contacto entre su límite interior y la agricultura intensiva, que colmata su perímetro, de tal forma que no responda simplemente a parámetros administrativos sino a sus propios procesos naturales. El estudio histórico de la fisionomía de las ramblas, ahora ocupadas por invernaderos, permite proponer un Pre-Parque mediante un plan de desocupación y recuperación progresiva del territorio. El estudio socioeconómico pormenorizado y las previsiones de desarrollo llevan a la incorporación de un tranvía que conecta puntos estratégicos del parque, como el nuevo Centro de Interpretación del Paisaje propuesto.

Manuel Eliberto Luque Guerrero_ Vélez-Málaga (Costa del Sol Oriental)

El crecimiento urbano mal planificado de la costa, unido a las nuevas infraestructuras creadas, ha generado una alteración en el territorio litoral modificando el orden natural de los distintos ecosistemas. Un ejemplo de ello se da en la cuenca del río Vélez, dentro de la comarca de la Axarquía. Las nuevas técnicas de cultivo y la presión urbanística produjeron un aumento de la demandad de agua, lo que llevó a la construcción de la presa de la Viñuela, generando la destrucción de espacios de interés medioambiental, turístico y productivo. Con la propuesta, recupera los ecosistemas propios de la zona a través de una gestión hidrológica de la cuenca y estableciendo un área de protección a modo de parque urbano, fluvial, agrícola y litoral, que permite integrar un entorno urbano en un medio de alto valor ambiental.

Antonio Jesús Palacios Ortiz_ Torremolinos (Costa del Sol Occidental)

En los últimos 50 años, la Costa del Sol Occidental ha sido objeto de grandes cambios estructurales, debido principalmente al cambio en la estructura económica de la zona, volcándose en un sector servicios dominado por el turismo de masas propio del estado del bienestar. La Costa del Sol Occidental está establecida sobre una red de movilidad propicia al colapso. Los intentos de dotarla de redes alternativas de movilidad colectiva han sido exitosos, aunque no lo han consolidado como el transporte prioritario. Este predominio de la movilidad individual frente a la colectiva, se traduce territorialmente en una deslocalización de usos, lo que produce una dispersión de elementos residenciales dependientes de esa red de movilidad. Con la propuesta pretende mejorar esa red de movilidad creando “infraestructuras de relación”, viendo en cada parada de tren una oportunidad de crear ciudad y desarrollando una de ellas.

José María Mora Camacho_ Tarifa (Estrecho de Gibraltar)

El litoral andaluz occidental encuentra uno de sus atractivos en el Estrecho de Gibraltar, potenciado por sus características medioambientales e infraestructurales. La zona prevé un profundo cambio en los próximos años con la construcción del ferrocarril que llegará desde el continente africano, pasando subterráneamente por una de las zonas menos profundas del Estrecho. Este hecho afectará a la red ferroviaria andaluza, potenciándola. Lo que perturbará fuertemente el medioambiente, al incidir de forma directa en el paisaje y alterando el ciclo de las aves migratorias. Por todo esto, propone crear una estación ferroviaria que también se utilice como base de recogida y ordenación de datos medioambientales.

Miguel Ángel Fresno Hiraldo_ Sancti Petri (Bahía de Cádiz)

El límite intermareal del litoral atlántico andaluz da lugar al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, allí encontramos un ecosistema único en toda Europa. Este ecosistema se rige por una compleja dinámica intermareal que viene determinada por numerosos parámetros que nos ayudan a entender la fragilidad del equilibrio de las marismas. La transformación de las marismas en esteros y salinas tiene su origen en la salazón (almadrabas y salinas). El proyecto pretende reactivar el poblado almadrabero Sancti Petri, integrado en la red de marismas. Intentando crear una actividad que se desarrolle todo el año basándose en su pasado como industria conservera.

Unas conferencias muy interesantes que nos muestran el litoral andaluz desde diferentes visiones pero con un interés colectivo por la mejora del mismo.

María Lara Carvajal, arquitecta de GRarquitectos

Miguel Ángel Losada, bilbaíno nacido en Salamanca de 63 años, ingeniero de caminos, catedrático de Costas de la Universidad de Granada y director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, es la voz autorizada más contundente contra la sistemática destrucción de la costa española. Hace dos años elaboró, a petición del CSIC, Parques Nacionales y Costas, el informe de base para el deslinde de Doñana aprobado por el Gobierno, que declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreasy expropia 35 kilómetros de costa a la Junta de Andalucía. Su serie Las riberas del mar océano, producida por TVE y que organizó un gran revuelo en medios gubernamentales por sus críticas, sigue pendiente de emisión.

¿Recuerda las playas de antes?

Yo veraneaba en Luarca (Asturias), el pueblo de mi padre. Entonces había muchas playas salvajes: de la arena se pasaba a las piedras, al prado y al camino, subiendo por el acantilado…

Ahora lo salvaje es el urbanismo ¿no cree?

Duele conocer lo que se ha dejado atrás, lo que hemos perdido y que nunca volverá a ser, y no encontrar respuesta a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿ha compensado pagar este peaje?

¿Qué ve usted que no perciben los demás?

Cómo eran antes los procesos litorales y la evolución de la costa y cómo son ahora. Qué está provocando la intervención humana y cuáles pueden ser las consecuencias.

¿Y qué le preocupa más?

La irresponsabilidad con la que se interviene en el litoral, el que todo valga con tal de generar una supuesta riqueza. ¡Y que a eso lo llamen poner en valor la costa!

¿A qué equipararía el deterioro actual?

A un suicidio social, a una pesadilla que ojalá nunca hubiese ocurrido, a la destrucción de algo único e irrepetible, a matar a la gallina de los huevos de oro.

Suena fuerte.

Si no paramos esta barbarie, el incendio de Roma por Nerón para especular con el suelo será una aventurilla histórica comparada con la destrucción de la costa española.

¿Lo explica con algún ejemplo concluyente?

En Cacela Velha [Portugal], cerca de Ayamonte, hay una costa de cordones y lagunas litorales que bañan playas de arenas finas, abrigando los acantilados, casi sin construcciones. Así era la costa española desde el Guadiana hasta el río Piedras.

¿Y ahora?

Ahora ahí lo que tenemos es Antilla y Nueva Antilla. Mire y compare.

¿Qué barbaridad urbanística le impresiona más?

¡Qué difícil! Es una locura continua: Son Bou, El Algarrobico, La Manga, los Arenales del Sol, Noja e Isla, Alcudia, Benidorm…

Acantilados destrozados…

Cuando veo un acantilado ocupado por construcciones calculo (con amargura) los años que les queda a las viviendas antes de deslizarse hacia al mar.

¿Los promotores van ganando el partido?

Si pensamos que desde 1960 sólo hemos jugado el primer tiempo, los promotores ganan por goleada. Ojalá que en este segundo tiempo, con la ayuda del conocimiento y el sentido común, se invierta el resultado.

¿Siente que falla el árbitro?

Sí, en muchas ocasiones falla el árbitro, pero no porque se equivoque con sus decisiones, sino porque también chuta, estorba e interviene.

¿Qué se podría haber evitado?

La Costa del Sol, casi en su integridad. Al este de Málaga no se ha respetado la conexión entre arroyos, acantilados y playas, ni el papel relevante del delta en Torre del Mar, ni la conexión agua, acantilado y playa de guijarros en Nerja.

Aquél era un paisaje maravilloso.

Espero que los responsables no tengan alzhéimer y nunca olviden el daño que hicieron.

¿Qué ocurrirá si sube el nivel del mar?

La pregunta no es si…, ¡es que está subiendo! Cuando alcance un nivel inadmisible habrá que decidir qué se protege, porque el coste será imposible.

¿Las administraciones se arrojan la pelota?

-Todas las administraciones tienen parte de responsabilidad de lo que ocurre, sobre todo por deslealtad entre ellas. El motor de la locura en la dictadura fue el Estado. En la democracia, algunas autonomías y bastantes ayuntamientos.

-¿Cuáles son las responsabilidades del Estado?

-No haber deslindado el dominio público marítimo terrestre en cinco años tras la Ley de Costas y haber cedido, en algunos momentos, a las presiones locales.

-Pero ahora se ha deslindado Doñana…

-Pues eso. Se debería haber deslindado antes de 1993.

-¿Sus denuncias caen en saco roto?

Puede ser, pero el silencio es una garantía de la impunidad y ésta es una hemorragia social. El papel de ecologistas y grupos ciudadanos es esencial, aunque se echa en falta la participación de otros colectivos.

¿Defiende las demoliciones?

Sí. No debe haber espacio para la impunidad.

¿Qué porcentaje habría que demoler?

Es difícil de precisar pero, si queremos evitar problemas en un futuro que se presenta inmediato, posiblemente más del 40% de lo edificado en los últimos 60 años debiera de demolerse.

¿Y no sería inviable económicamente?

Ya suponía usted mi contestación ¿eh? Más inviable será mantenerlo, además de injusto. ¿Por qué debemos pagar todos los españoles por proteger los edificios de la Manga?

¿Lo que ocurre es fruto de una corrupción generalizada?

Corrupción no es sólo saltarse las leyes para enriquecerse, sino ignorar  principios básicos: éticos, ambientales, sociales… El desorden litoral es el fruto de la corrupción y de la cultura del pelotazo.

Por Charo F. Cotta. Entrevista publicada en los periódicos del Grupo Joly el día 5 de Septiembre 2010

La Ley de Costas no ha podido frenar el deterioro del litoral, que se gestiona como un espacio económico. Las todopoderosas industrias de la construcción y el turismo marcan las pautas de su uso y explotación

Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años, incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas.

La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza; el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.

El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros, dunas…, son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico único, finito, frágil y sensible.

Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española, Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por Ley. La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunisdades Autónomas son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo, especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.

El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción. Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización, imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.

Sin embargo, una parte de la costa española está en manos privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: «Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (…) con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (…) la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales…».

La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales Destrucción a toda costa de Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que ocurre en las costas españolas.

A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales, entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d’Or y Torrenostra han transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?

Son Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?

A principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia) dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple, sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos desarrollos urbanos? ¿Quién paga?

La construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa «urbanizable» en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la Constitución y la Ley de Costas?

Son solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí, pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45 millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con el valor ambiental de la costa española?

Desde hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero, entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.

El futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado insostenible para las siguientes generaciones.

Por Miguel A. Losada. Director del Centro Andaluz del Medio Ambiente y catedrático de la Universidad de Granada. Publicado en la sección ‘Tribuna’ de El País el pasado día 20 de agosto de 2010